Después de la ratificación del Acuerdo de París en 2015, España aprueba la primera ley integral que lucha contra la crisis climática. Con cierto retraso, el pasado jueves 13 de mayo, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que se aspira a alcanzar la descarbonización en 2050.

Contexto de la Ley de cambio climático

Desde el inicio de su legislatura, esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha sido una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La promoción de la normativa comenzó hace prácticamente un año con su respectiva aprobación por el Consejo de Ministros, tras un proceso de participación público iniciado en febrero de 2019.

La ley está vinculada con los objetivos de la UE en cuanto a la lucha contra el cambio climático se refiere. La normativa europea, junto con su nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde, se consolida como una herramienta útil para hacer cumplir los propósitos propuestos por la ONU en el Acuerdo de París de 2015.

¿Cuáles son los objetivos de la ley de cambio climático?

El documento dicta los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:

• Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35 %.
• En 2030 las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20 % respecto al año 1990. Hay que tener en cuenta que la ambición fijada por la Comisión Europea es: una reducción en 2030 de entre el 50 % y el 55 % de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
• Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100 % renovable.
• No más tarde de 2050 España deberá alcanzar la neutralidad climática.
• Al finalizar la próxima década, como mínimo 35 % del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70 %.

¿Cómo se llevará a cabo la ley de cambio climático?

Los objetivos de esta ley se conseguirán a través de continuos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %.

En 2030 las emisiones deberán reducirse aún más, al menos un 20 % respecto a 1990, suponiendo esto para España la retirada de una de cada tres toneladas que se emiten actualmente.

De la misma manera, destacan los planes de fomento de la movilidad eléctrica para conseguir carreteras con vehículos sin emisiones directas de CO2. Potenciar el uso de las bicicletas y dar protagonismo al peatón, aún más en este periodo de pandemia donde es fundamental ganar espacios físicos, también es otro de los planes.

 Otros beneficios de la ley de cambio climático

Mas allá de los propios beneficios en la lucha contra el cambio climático, según las estimaciones realizadas por el Gobierno, la transición ecológica captará más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años.

Igualmente, se generarán entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables permitirán aumentar el PIB alrededor del 1,8 % en 2030, respecto a una España sin estas medidas.

​Es por ello por lo que el objetivo de descarbonización previsto implica un cambio de modelo socioambiental y energético que afecta a diferentes sectores y que conllevará modificaciones en la forma en la que los ciudadanos nos movemos, generamos y consumimos energía.  

Las 10 claves de la Ley de Cambio Climático

La Ley de Cambio Climático está compuesta por 36 artículos distribuidos en nueve títulos y abarca numerosos campos de actividad con diversas claves, entre las que se encuentran las siguientes:

• 1. – Alineados con Europa. Como ya hemos dicho, la Ley está relacionada con los objetivos de la UE en materia de lucha contra la crisis climática, con su Ley de Cambio Climático y con la nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde, una herramienta para cumplir con los objetivos del acuerdo de la ONU sobre el clima, el Acuerdo de París de 2015.

• 2. – Reducción de emisiones. Uno de los objetivos a corto plazo es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de España en, como mínimo, 20% respecto del año 1990. Es el primer paso hacia la descarbonización en 2050.

• 3. – Impulso de las energías limpias y eficiencia energética. Al final de 2030, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En cuanto al sistema eléctrico, al menos, un 70% deberá tener presencia renovable. La rehabilitación energética de edificios es otro de los ejes de actuación. Para atraer recursos se amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética.

• 4.- Movilidad sostenible y eliminación de vehículos contaminantes. La Ley fecha, alienada con las políticas europeas, el año 2040 para eliminar del mercado los vehículos que no sean de cero emisiones, prohibiendo su circulación a partir de 2050 (salvo la excepción de los vehículos históricos).

Otras medidas son:

• La implantación de una red de recarga de vehículos eléctricos.

• El impulso de la movilidad sostenible.

• Acciones encaminadas a la reducción de emisiones del transporte aéreo y marítimo.

• 5. – Ciudades más saludables. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán habilitar zonas de bajas emisiones ofreciendo los datos mediante un informe obligatorio tanto para el Ministerio como para la autoridad autonómica competente. También se impulsarán iniciativas de fomento de transporte público y del uso de la bicicleta.

• 6.- Transición justa. La ley reconoce que la transformación socioambiental y de modelo creará empleo, pero también tendrá supondrá una pérdida de puestos de trabajo. Por lo tanto, cada cinco años el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.

• 7.- Biocombustibles y biogás. Se establecerán planes específicos para impulsar los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.

• 8.- Eliminación de los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. Adiós fracking. No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial.

Igualmente, se prevé la desinversión por parte del sector público en participaciones o instrumentos financieros de entidades cuya actividad incluya la extracción o procesado de estos productos energéticos.

• 9.- Adaptación. Se reforzará la educación y capacitación para el aumento de conocimiento sobre la materia y se impulsarán nuevos perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad y frente al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) será el elemento básico para guiar esa adecuación a los impactos transfronterizos.

• 10.- Presupuesto. La ley prevé que al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética.

Modificaciones del Proyecto Ley

Antes de su aprobación definitiva el jueves 13 de mayo, el proyecto del Ejecutivo recibió en la Cámara Baja un total de 758 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios, de las que se incorporaron 3. A su paso por la Cámara Alta, las formaciones políticas presentaron 585 enmiendas de las que se han incorporado 5.

Entre las últimas reformas, se incluye la obligación a las empresas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, y trabajen planes para reducir sus emisiones de gases invernadero. 

Igualmente, la Comisión aceptó la obligación de establecer zonas de bajas emisiones, que deberán ser una realidad en 2023, en municipios a partir de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles límite de contaminantes.

Por último, otra de las incorporaciones es la garantía y mantenimiento de los valores ambientales y paisajísticos por el desarrollo de energías renovables. Se debe compensar los beneficios que generan en aquellos lugares donde se aprovechan sus recursos.

Conclusión

Aunque con retraso, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone un gran paso en la lucha contra la crisis climática. Los objetivos propuestos, aunque considerados poco ambiciosos por parte de algunos grupos políticos y organizaciones, dirigen nuestro camino hacia la sostenibilidad.